Dámaso Abogados

Despido objetivo procedente y falta de puesta a disposición de indemnización

Despido objetivo procedente y falta de puesta a disposición de indemnización

Despido objetivo improcedente

Los despidos objetivos señalados en el artículo 52 del E.T, requiere de tres elementos determinantes:  que exista causa, que se ponga a disposición la indemnización legal de 20 días por año de servicio con el límite de 12 mensualidades y, que se preavise con 15 días de antelación al momento del despido.

Mientras las dos primeras son causas de declaración del despido objetivo como improcedente, la tercera solo provocaría el abono de los días que medie entre la comunicación y la fecha de efectos.

  • ¿En qué casos se declara despido improcedente?

La ausencia de puesta a disposición de la indemnización del despido objetivo en el momento de la entrega de la carta de despido,  salvo en la excepción establecida para los despidos objetivos de carácter económico, la  falta de liquidez, en el resto de casos, la falta de puesta a disposición generan la declaración de improcedencia del despido.

La reciente sentencia del JS número 10 de Las Palmas, dictada en fecha 27.09.2023, declara un despido objetivo por causa organizativa/productiva como procedente a pesar de no poner a disposición la indemnización del despido al momento de la entrega de la carta de despido.

Este caso, que fue llevado por Dámaso Abogados y Asesores, giraba en torno a una empresa que al perder un servicio no le queda otra opción que extinguir el contrato por causas objetivas. La incidencia se produjo en el momento de entregarle la carta de despido a los dos trabajadores implicados, en el que el titular sufre un ictus y es ingresado de urgencias. La apoderada únicamente tenía autorización para realizar una cuantía pequeña cada día por personal, procediendo al abono de las indemnizaciones en los tres días siguientes a la entrega de la carta. Dentro de esos tres días, fallece el titular de la empresa. Los trabajadores demandaron por despido recogiendo en su demanda, que no se había puesto a disposición la indemnización y por tanto el despido sería improcedente.

El JS número 10 de Las Palmas, declara el despido procedente y argumenta el magistrado que “si bien no hay prevista legalmente, causa distinta de exoneración de la puesta a disposición inmediata de la indemnización que la relativa a la falta de liquidez en un despido objetivo por causa económica.

Sin embargo, la situación en la que nos encontramos es, por una parte, de fuerza mayor, y por otra parte, de un pacto alcanzado entre las partes favorable a resolver de la manera más justa dicha situación sobrevenida.

Recuerda el magistrado que “Tribunal Supremo que “imponer inflexiblemente el requisito de la simultánea puesta a disposición de la indemnización, puede traducirse en limitación del derecho a la negociación colectiva, puesto que para los negociadores del PDC deben primar los intereses colectivos sobre los individuales y estar presente el principio de solidaridad, hasta el punto de que el objetivo fundamental de mantener la actividad de la empresa y consiguientemente el mayor nivel de empleo, puede determinar sacrificios para los trabajadores individualmente considerados, «siempre que -naturalmente- se respeten sus derechos mínimos de carácter necesario» y tales sacrificios «estén justificados”.

Y concluye señalando “El art. 1105 CC dispone que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables. En el presente caso, el ictus se configura de manera clara como un supuesto de fuerza mayor, que imposibilitó el abono inmediato de la indemnización, sin que la empresa pueda responder por dicho incumplimiento al derivarse de un hecho imprevisible e inevitable”.

En definitiva, el magistrado declara la PROCEDENCIA del despido al haberse declarado probada la causa y, respecto al elemento formal de la puesta a disposición aplicando la tesis civilista, declara que la misma no altera la calificación.

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Marcos Dámaso

Dpto. Jurídico